http://www.criticadigital.com.ar/impresa/index.php?secc=nota&nid=4563
beneficios al mayor aportante privado de la campaña k
Favor con favor se paga
Se llama Néstor Otero. Controla la Terminal de Ómnibus de Buenos Aires por donde pasan entre 50 y 100 mil pasajeros cada día. Según un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), esta empresa adeuda al Estado más de 50 millones de pesos en concepto de canon y el servicio que presta es deficiente. “La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) no sancionó los incumplimientos a pesar de las reiteradas comunicaciones”, revela el documento del organismo de control. Sin embargo, la Secretaría de Transporte prorrogó la concesión hasta septiembre de 2015 –cuatro años despues de que finalice el mandato del actual Gobierno– y redujo el canon que debe abonar a una cuarta parte. La gestión k también benefició al empresario con el gerenciamiento de la nueva terminal de pasajeros ferroautomotora de Mar del Plata, una obra varias veces anunciada y aún no concretada. La generosidad es recíproca. Otero fue el particular que más dinero aportó a la campaña presidencial de Cristina Fernández: 150 mil pesos.EL INFORME. Fechado el 15 de abril de 2008, el informe 48/2008 de la AGN –que lleva la firma de su presidente Leandro Despouy y de los seis auditores generales– pone en la mira la relación contractual entre el Estado nacional y TEBA S.A. para la concesión de la Terminal de Ómnibus de Retiro. Además, el texto señala serias objeciones a las tareas de control que debió realizar la CNRT. El contrato originario se firmó en 1993, durante la presidencia de Carlos Menem, y preveía una vigencia de doce años, período durante el cual la empresa podía explotar la administración del servicio a cambio del pago de un canon que ascendía a 411.725 dólares mensuales. Según detectó la AGN, durante los primeros cuatro años de concesión se produjeron reiterados incumplimientos por parte de la empresa referidos, en especial, al vencimiento de los plazos en la entrega de las obras comprometidas por el concesionario y a los atrasos en el pago del canon mensual a abonarse al Estado. Al momento de la renegociación, en noviembre de 2005, la Secretaría de Transporte fue instruída para proponer modificaciones al contrato de concesión, previa verificación de las irregularidades denunciadas. A fines de 2006, con la firma de Ricardo Jaime, en representación del Estado y de Néstor Otero como titular de TEBA S.A. se extendió la relación contractual hasta septiembre de 2015, pero sin atender los señalamientos del organismo de control. “La ampliación del plazo de la concesión plasmado en la renegociación desconoció la larga lista de incumplimientos verificados por la AGN en numerosos informes, muchos de los cuales no han sido sancionados como correspondía por parte de la CNRT”, explicó Despouy en diálogo con Crítica de la Argentina.
El nuevo contrato incluyó un plan de “obras y mejoras” que debían ejecutarse en tres etapas, de entre 3 y 18 meses. Pero transcurrido ese plazo, la mayoría de las obras no están hechas. Entre ellas, la ampliación de la calle elevada para taxis y pasajeros; la instalación de cuatro ascensores en los sectores B,C,D y E; la colocación de 100 monitores para informar arribos y partidas en el hall y sector de embarques; la construcción de un sector para servicios internacionales; una sala de espera; una confitería; un quiosco; baños exclusivos y oficinas para Migraciones; ampliación del área destinada al estacionamiento de los micros en terrenos linderos. La auditoría señaló además “reiterados incumplimientos en la prestación de servicios de vigilancia y control en el ámbito de las paradas de taxímetros habilitadas”; “la ausencia de un servicio de carros y maleteros”, tal como se exigió contractualmente; la “inexistencia de baños rentados, guardería infantil, correos y casa de cambio, como así también de la totalidad de las prestaciones especificadas para las estaciones de servicio”; los “excesos de precios en el rubro de kiosco, bares y confiterías, que resultan sustancialmente superiores en relación con los de plaza, con diferencias que van desde el 16% hasta el 85%” y las “dificultades e impedimentos para la accesibilidad, comunicación y seguridad de las personas con movilidad reducida que presenta el edificio de la terminal”.
PREMIOS AL INCUMPLIMIENTO. A pesar de las falencias apuntadas en el informe, el Gobierno no sólo evitó sancionar a TEBA sino que además la premió reduciéndole el canon mensual: de 411.725 pesos a 100.000 pesos. Para la AGN, “estas rebajas no tienen suficiente sustento” ya que la empresa “no cumple con el pago del importe correspondiente al canon mensual que debía abonar en virtud del contrato de concesión, registrando según la CNRT una deuda de $23.806.365,81 en concepto de capital y $18.478.518,22 por intereses financieros y punitorios”. El informe cuestionó también el rol de la comisión de regulación del transporte, que –según la AGN– “no ha sancionado los incumplimientos verificados oportunamente”.
Los diputados Silvana Giúdici, Oscar Aguad, Miguel Ángel Giubergia y Alejandro Nieva presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que rinda cuentas sobre la renegociación del contrato con TEBA. Aún aguardan respuesta de la Secretaría de Transporte. “Pero es la rutina, jamás contestan”, asevera Giudice.
Boleto de ida a Mar del Plata
En agosto de 2004, el entonces presidente de la Nación, Néstor Kirchner, anunció la construcción de la nueva estación ferroautomotora para Mar del Plata, con un costo a cargo del Estado nacional de 170 millones de pesos. Recién a fines de 2006, el Gobierno anunció que la beneficiada sería la UTE, integrada por Néstor Otero y el grupo Emepa-Ferrovías. En ese momento se anunció que la obra –que debería comenzar en febrero de 2007– demandaría 18 meses. En otras palabras: debería estar inaugurándose en septiembre de este año. Sin embargo, los trabajos nunca comenzaron. Entre los motivos que se argumentaron figuró que el predio estaba ocupado por varias familias –ya relocalizadas– y que el municipio tiene intención de preservar el patrimonio arquitectónico del lugar. Allanados ambos escollos, Otero se apresta para iniciar una nueva etapa de su exitosa vida empresarial abrigada al calor de las concesiones públicas otorgadas por los gobiernos de turno.
Notas relacionadas, Sábado 15 de Diciembre de 2007 Clarín
LA CONCESION FUE PRORROGADA HASTA 2015, PERO LA EMPRESA AUN NO CUMPLIO CON TRABAJOS PACTADOS
Terminal de Retiro: demoran obras y mejoras en seguridad y servicios
Falta que se instalen cuatro ascensores y 100 monitores de información. Además, no se empezó a trabajar para colocar detectores de metales y rayos X. Estas medidas ayudarían a combatir a los punguistas.
Los problemas planteados en la estación de ómnibus de Retiro por la inseguridad y los robos a pasajeros reflotaron las demoras y los incumplimientos contractuales que arrastra la empresa TEBA, concesionaria de la terminal. Según el contrato renegociado a fines de 2006, existen una serie de obras y mejoras que ya deberían estar listas, pero que aún no se han iniciado.
Entre otras obligaciones que están pendientes se encuentran: la colocación de cuatro ascensores para facilitar el desplazamiento de los pasajeros; la instalación de 100 monitores y de un sistema de informes de reconocimiento de voz; las obras civiles para instalar de 53 máquinas de rayos X y 33 detectores de metales y un sector exclusivo para los servicios internacionales.
Hoy, la Terminal luce antigua, desmejorada y se desborda los días fuertes de temporada. Además hay pocos asientos y la información a los pasajeros deja mucho que desear.
El contrato de concesión fue renegociado a fines de 2006. La renegociación se sustentó en dos puntos polémicos. Por un lado, se prorrogó la concesión hasta setiembre de 2015. Y por otro, se redujo de $ 400.000 a $ 100.000 mensuales el canon que el concesionario debe abonar al Estado.
Junto con esos cambios sustanciales, el nuevo contrato incluyó un plan de "obras y mejoras" que no se cumplió en los tiempos previstos. Los 15 ítems del plan de inversiones debían ejecutarse en tres etapas, de entre 3 y 18 meses desde la firma del contrato. Transcurrido casi un año, la mayoría de las obras no están hechas. Ni la CNRT, ni TEBA respondieron los llamados de Clarín para conocer los motivos de las demoras.
TEBA está en manos del empresario Néstor Otero, quien fue uno de los principales aportantes de fondos para la campaña electoral del oficialismo. Además, integra los consorcios que presentaron iniciativas privadas para explotar las terminales de pasajeros de Mar del Plata, La Plata y la que está proyectada en Liniers.
Las mejoras que por contrato ya tendrían que estar terminadas en Retiro son las siguientes:
Ampliación de la calle elevada para taxis y pasajeros.
Instalación de cuatro ascensores en los sectores B,C,D y E.
Colocación de 100 monitores para informar arribos y partidos en el hall y sector de embarques.
Realización de las obras civiles e infraestructura para la instalación de 53 máquinas de rayos X y 33 detectores de metales para mejorar la seguridad de los pasajeros y el control de equipajes.
Construcción de un sector para servicios internacionales. Además de instalar un sistema de control de pasajeros y equipajes, el concesionario debe construir una sala de espera, una confitería, un quiosco, baños exclusivos y oficinas para Migraciones.
Dársena para control de tacógrafos.
Ampliación del área destinada al estacionamiento de los micros en terrenos linderos.
Nueva calle de ingreso y salida de micros dentro de la terminal.
El incumplimiento de este último punto -para el cual se había previsto un plazo de ejecución de 10 meses- es el que más preocupa a las empresas transportistas. Según las denuncias de los choferes, los robos de equipajes más frecuentes se dan cuando los ómnibus ingresan a la terminal por la calle externa que está pegada a la villa de Retiro. Ante la falta de controles, los ladrones abren las bodegas de encomiendas y aprovechan que los micros avanzan a paso lento para llevarse las valijas de los pasajeros. El miércoles, fueron detenidos por robos tres integrantes de una familia, que vivían en la villa.
http://www.clarin.com/diario/2007/12...ad/h-08001.htm
Infobae 30 Enero de 2008
La Presidente anunció obras para la terminal de Retiro
En el Salón Sur de la Casa de Gobierno, se formalizó el convenio para realizar obras en la terminal de Retiro a través de la firma de la Presidente de la Nación.
La mandataria señaló que "en esta Argentina dual, todavía hay lugares en los que hay mucho por hacer, trabajar en lugares olvidados por la mano de Dios".
http://www.infobae.com/contenidos/36...bras-en-Retiro
Por Gabriel Sued y Paz Rodríguez Niell
De la Redacción de LA NACION
Se investigarán las donaciones "fantasma"
Un fiscal pedirá declaraciones
El fiscal electoral Jorge Di Lello abrió ayer una investigación para determinar qué hay detrás de los aportantes "fantasma" de la campaña presidencial de Cristina Kirchner: quiere saber por qué figuran como donantes en las listas del Frente para la Victoria personas que aseguran no haber puesto un peso y quién es el responsable de esas aparentes irregularidades.
La primera medida será citar a declarar a los protagonistas de los cuatro casos que LA NACION dio a conocer en su edición de ayer: Miguel Loizaga, Marcela Lombardi, Claudio Antunovich y Francisco Navas. Para eso, el fiscal pedirá hoy a la Cámara Electoral sus domicilios, informaron fuentes de la causa. "El fiscal tiene facultades para citarlos", dijo la jueza electoral María Servini de Cubría.
Todos ellos aparecen en el listado de aportantes presentado por el kirchnerismo, con su número de documento y de CUIT. Pero, en diálogo con La Nacion, desmintieron sus supuestas donaciones. Ayer, tras la publicación de la nota, tres de ellos reiteraron que no habían hecho aportes y uno dijo que pensaba presentar una denuncia. Navas, en cambio, modificó su postura original, luego de un contacto con representantes del oficialismo. "Viendo el cheque recordé que el aporte lo hice, pero yo no era consciente de que era para eso", dijo ayer a LA NACION (de lo que se informa por separado).
Sus relatos ya forman parte de un expediente judicial. La jueza Servini de Cubría ordenó ayer que la nota de LA NACION se incorporara a la causa abierta para controlar los gastos de campaña del kirchnerismo en las elecciones de octubre de 2007.
A eso se sumará hoy una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans, que pide más medidas para esclarecer la identidad de los aportantes.
Ayer, LA NACION volvió a comunicarse con los cuatro aportantes. "Quiero que el caso llegue a la Justicia y que se aclare quién está utilizando mi nombre", dijo Loizaga (DNI 4.734.268). Lombardi (DNI 17.867.148) y Antunovich (16.236.294) ratificaron que jamás hicieron los aportes que se les adjudican, pero dijeron que no tomarían medidas.
Esos tres casos tienen características comunes: son todos aportes en efectivo, registrados el 22 de noviembre de 2007 (es decir, de casi un mes después de las elecciones), pero realizados el 1° de ese mes, según las boletas de depósito que el kirchnerismo hizo llegar a LA NACION.
Cadete generosoHay un cuarto caso que sigue los mismos parámetros. Es una donación de 50.000 pesos realizada a nombre de Roberto Luis Actiz (DNI 22.366.634), un empleado de la Compañía Naviera Horamar, de 37 años, que cumple tareas como cadete.
Ante una consulta de LA NACION, Actiz dijo que el dinero lo había depositado él, pero que en realidad lo habían donado las autoridades de la compañía. "Yo fui a hacer el depósito al banco, pero la plata no era mía", dijo a LA NACION.
Horacio López, presidente de la compañía naviera, dijo luego, por intermedio de su secretaria, que no estaba al tanto de la situación y que no tenía nada para decir sobre el tema. En su página de Internet, Horamar informa que opera más de 100 embarcaciones en la hidrovía Paraná-Paraguay. Tiene sus oficinas en Santa Fe 846, segundo piso.
Entre quienes aportaron para la última campaña kirchnerista figuran dueños o directivos de importantes compañías de la Argentina, como los empresarios pesqueros Alfredo Pott, propietario de Santa Elena, y Guillermo Jacob; el industrial automotriz Daniel Milliacci, y Raúl Ruibal, de Ruibal SRL.
En algunos casos, esas donaciones son de directivos que se desempeñan en empresas que no hubieran podido donar, como las concesionarias de servicios u obras públicas.
Es el caso de Néstor Otero, principal accionista de TEBA, concesionaria de la terminal de ómnibus de Retiro, que donó 150.000 pesos, y el de Carlos Wagner, presidente de la Cámara de la Construcción y accionista de Esuco SA, uno de los grandes contratistas del Estado en obras de infraestructura (5000 pesos). Un caso similar es el del español José Luis Rodríguez Zarco, director general de relaciones institucionales de Telefónica (20.000 pesos).
Los fondos proselitistas de la Casa Rosada ya estaban bajo sospecha luego de que en el juicio que se sigue en Miami por el caso de la valija se denunció que los 800.000 dólares decomisados en Aeroparque eran para la campaña kirchnerista. Este año, además, se supo que una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez, a la que la Justicia vincula con el narcotráfico, figura entre los aportantes a la campaña. Era Damián Forza, dueño de una droguería, rubro del que provino el 36,5% de las donaciones al kirchnerismo.
Las dudas se potenciaron cuando la ministra de Salud, Graciela Ocaña, cuestionó los vínculos del superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli, con empresas del área acusadas de graves delitos (una de esas firmas era SeaCamp, de Forza).
Indignación por los aportantes "fantasma" de la campaña de Cristina Kirchner
Dirigentes de la oposición consultados por lanacion.com coincidieron en que la aparición de personas que niegan haber donado fondos en la rendición de gastos "desnuda la oscuridad" del manejo del dinero electoral K
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1066166FOTO
Octubre de 2007. Cristina y Néstor Kirchner eufóricos tras el triunfo electoral Foto: Archivo
Por Lucrecia Bullrich
De la Redacción de lanacion.com
lbullrich@lanacion.com.ar
La aparición de aportantes "fantasma" en la campaña que convirtió a Cristina Kirchner en presidenta reavivó la polémica y las sospechas en torno al financiamiento electoral del kirchnerismo.
Con argumentos variados, dirigentes de la oposición consultados por lanacion.com señalaron que las irregularidades, de las que LA NACION da cuenta hoy, vuelven a dejar al descubierto maniobras en el manejo del dinero de las campañas del oficialismo desde que está en el poder.
"Queda claro que todos los gastos de campaña están dibujados y que lo que necesitaba el kirchnerismo no era dinero, sino nombres. Necesitaba nombres para lavar el dinero que venía de distintas cuentas del Estado y que se uso para hacer proselitismo. Esto desnuda la oscuridad de un sistema ya instalado", evaluó el diputado de la Coalición Cívica Fernando Sánchez.
Cuatro veces más. El legislador añadió que a las maniobras con el uso de los nombres y DNI de personas que niegan haber donado dinero a la campaña de la Presidenta se suma la subestimación en las cifras del gasto total declarado por el Frente para la Victoria, una irregularidad que fue reiteradamente denunciada por Poder Ciudadano. "Pretenden convencernos de que gastaron 17 millones de pesos, cuando en la realidad la cifra no baja de 70 millones. El dinero fue obtenido ilegalmente y, también ilegalmente, gastaron cuatro veces más de lo declarado", contrastó.
Enseguida, Sánchez, que fue el responsable legal de la campaña electoral de Elisa Carrió, ejemplificó: "El Frente para la Victoria declaró 200.000 pesos como gasto total para todos los actos públicos de campaña. Eso es lo que costó el cierre de Carrió, con lo cual ese gasto es insostenible".
Por otra parte, el legislador vinculó las irregularidades con el contexto electoral del año pasado. "Estaban muy jugados y no podían perder. Nosotros estábamos muy cerca", afirmó en alusión a la fórmula que Carrió compartió con el socialista Rubén Giustiniani.
Los "fantasma" y los reales. Para Federico Pinedo, de Pro, la aparición de donantes de fondos "fantasma", no sólo revela la existencia de aportantes verdaderos para "obtener algún favor del Gobierno," sino también "el blanqueo de dinero de origen inexplicable".
"Que el kirchnerismo se financió históricamente de manera dudosa no es nuevo. Pero que se llegue al límite de blanquear plata negra usándole el nombre a la gente y violando su intimidad es impresionante", consideró el jefe del bloque de Pro en Diputados.
Según el legislador, las irregularidades revelan además que el oficialismo "cree que está por encima de los ciudadanos y las leyes". Y completó: "Se manejan acostumbrados a los superpoderes, como si creyeran que las leyes a ellos no se les aplican".
En este punto, Pinedo citó lo que denominó los "escandalosos antecedentes" del kirchnerismo en materia de manejo de fondos. "Empezaron con los millones de Santa Cruz, después avanzaron con las quitas a los salarios y jubilaciones a partir de los dibujos del Indec y ahora aparece esto. La falta de transparencia es total", embistió.
El diputado no dudó de que también parte de los fondos de las AFJP se usarán con intención electoral el año próximo si la reestatización del sistema previsional que impulsa el Gobierno finalmente se convierte en ley.
Delitos graves. Desde la UCR, el senador Luis Naidenoff aseguró que debería intervenir la justicia ordinaria. "No sólo se está dando el supuesto delito de uso indebido del nombre, sino también del presunto delito de falsificación ideológica", detalló.
En sintonía con sus pares, el radical opinó que los aportantes "fantasma" son un ejemplo de la "obscenidad que desde un primer momento caracterizó a los Kirchner" y afirmó que "van en línea" con el escándalo por los US$ 800.000 que Guido Alejandro Antonini Wilson intentó ingresar al país en agosto del año pasado y con los aportes individuales de empresas de la salud "altamente sospechadas".
Para Naidenoff, una de las claves para reforzar el control de los fondos electorales está en reformar la ley que actualmente rige para el financiamiento de las campañas. "No puede ser que la máxima sanción prevista [por la norma] sea la quita de los aportes del Estado al partido político que comete irregularidades o que empresas concesionadas en las que el Estado tiene participación, como Marsans, puedan aportar", precisó.
IRREGULARIDADES DE NESTOR OTERO EN ONCE
Quejas de los comerciantes en medio de un embrollo judicial
En 2003, el ONABE volvió a licitar la concesión para la administración y explotación de la estación Once. El edificio aún estaba ocupado por DECSA, a la que le habían rescindido el contrato. En los pliegos de bases y condiciones, se explicitó que había áreas ocupadas por la concesionaria anterior. Y que la nueva adjudicataria tendría que continuar las acciones judiciales para su desalojo.
La licitación fue ganada por una Unión de Empresas integrada por Néstor Otero, José Iglesias y Micros S.A., accionistas de TEBA (que opera la terminal de micros de Retiro).
"En 2004, le adjudicaron Once en forma irregular al grupo de Otero. Pero aunque, según las bases, las partes tenían 15 días para firmar el contrato, no lo hicieron. La razón fue evitarle al nuevo concesionario pagar un cánon mensual de $ 100.000, aunque el edificio siguiera ocupado. Eso demuestra que hay connivencia entre el ONABE y la empresa", denuncian los comerciantes, apoyando lo que dicen con copias de los pliegos de bases y condiciones de la licitación.
Por ese motivo, los antiguos inquilinos de DECSA presentaron una denuncia por defraudación que se está tramitando en el Juzgado Federal de María Servini de Cubría. Fue ella quien, en agosto de 2004, frenó un desalojo de la estación con una medida de no innovar.
Los comerciantes insisten: "DECSA defraudó tanto al Estado como a nosotros. Tendrían que tenernos en cuenta como parte en este conflicto".
CONTROLES EN LA CIUDAD : SEGUN LOS INSPECTORES, EL DETERIORADO EDIFICIO RESULTA PELIGROSO PARA LOS USUARIOS
Clausuran la estación de Once por problemas de seguridad
Fueron inhabilitados los comercios y obras no autorizadas. Sólo quedan abiertos los accesos al tren, las boleterías y los baños. Había cables eléctricos expuestos y fallas en los sistemas contra incendios.
Nora Sánchez.
nsanchez@clarin.com
Los pasajeros de la ex línea Sarmiento que ayer pasaron por la estación Once, se encontraron con un panorama inusual. Cerca de 80 inspectores recorrían los locales comerciales, uno por uno. Y de a poco, distintos sectores quedaban cerrados al paso con fajas de peligro o clausura. Hacia el fin de la tarde, casi toda la estación quedó vallada: la Subsecretaría de Control Comunal del Gobierno porteño ordenó su clausura inmediata y preventiva, por problemas de seguridad. Sólo quedaron habilitados corredores para llegar a los andenes, las boleterías y los baños. Y algunos locales, que deberán cerrar en los próximos dos días.
"Clausuramos toda la estación porque no se cumplen las condiciones mínimas de seguridad para los usuarios. Por orden del jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, se preservó la prestación del servicio público del ferrocarril", dijo el subsecretario de Control Comunal, Federico Peña. La decisión se tomó después del megaoperativo, en el que se cerraron 19 locales y también se clausuraron las obras de refacción. Se estima que por Once pasan unas 400 mil personas por día.
Peña explicó que, entre otras irregularidades, se observó que las salidas no están señalizadas, falta el plano de evacuación obligatorio y no hay ni una manguera en los 13 nichos hidrantes del hall central. Además, se encontraron cables expuestos de 220 voltios al alcance de la mano y dos tableros eléctricos sin tapa.
Control Comunal intimó al Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (ONABE) para que en 48 horas coloque vallados en las partes inhabilitadas, ahora con fajas de clausura. En ese plazo se irán cerrando algunos locales aún en funcionamiento. Además, le dio al organismo 30 días para que haga las obras necesarias para reacondicionar el edificio.
"Nosotros mismos impulsamos la clausura —respondió Fernando Suárez, director ejecutivo del ONABE—. Vamos a estudiar si también hacemos las obras provisorias de seguridad o si se firma el contrato con el nuevo concesionario para que se ocupe. Ahora falta que la Justicia en lo Contencioso Administrativo dicte una nueva orden de desalojo, aunque igual podríamos comenzar antes con los trabajos".
Hace años que la concesión de Once es objeto de conflictos: DECSA, la empresa que en el 99 ganó la licitación para mantener y explotar el edificio, tiene rescindido el contrato desde 2002, pero su desalojo está frenado en un juzgado federal (ver Quejas de...).
Hace casi tres semanas, Clarínno estaban autorizadas.
Ayer, la Subsecretaría de Control Comunal hizo el megaoperativo para clausurarlas, así como para inspeccionar todos los locales de la estación. Poco después de las 9, llegaron más de 80 inspectores de las direcciones de Control de la Calidad Ambiental, de Higiene y Seguridad Alimentaria, de Fiscalización de Obras y Catastro, de Fiscalización y Control y de Habilitaciones.
En total, se inspeccionaron 112 locales, entre los que están en el hall de la estación y los que tienen entrada por las calles Perón, Bartolomé Mitre y Pueyrredón. Se labraron 154 actas de infracción y se clausuraron 19 locales por problemas como falta de higiene, ausencia de rótulos o fechas de vencimiento en los alimentos o faltas de habilitación. Además, el resto de los locales deberá cerrar porque la clausura es general sobre el edificio.
En 10 locales se decomisaron 2.200 kilos de alimentos. En uno, que vende frutas secas y cereales a granel, había excrementos de roedores. Clarín también constató que en la harina almacenada en una bolsa habían quedado impresas las pisadas de una rata.
"Me pagan $ 20 por día y si no trabajo, no cobro. ¿Cómo le voy a dar de comer a mis hijos?", se lamentó el empleado de una cafetería, mientras bajaba la persiana y los inspectores ponían una faja de clausura. Tras el procedimiento, personal de la Subsecretaría de Emergencias retiró parte de los flejes metálicos del techo, que ofrecían peligro de desprendimientos. sacó a la luz que se estaban haciendo obras de refacción. Después trascendió que sus responsables eran comerciantes que le alquilaban locales a DECSA, agrupados en la Asociación de Locatarios de la Estación Once de Septiembre. El domingo, el Gobierno porteño confirmó que las obras
CLARIN DEL 16 DE ENERO DE 2007
VERANO 2007 : UNA JORNADA REALMENTE INUSUAL EN EL RECAMBIO DE QUINCENA
Jornada de caos en Retiro, con demoras, quejas y discusiones
Las autoridades prohibieron la salida de ómnibus que no estaban en regla. Hubo fuertes disputas entre pasajeros demorados. Llegaron y salieron casi 2.700 unidades, más que en otros veranos.
Por la tarde, todo finalmente se encarriló y al final del día habían llegado y salido 2.682 servicios con más de 120 mil pasajeros a bordo.
"Hubo discusiones fuertes entre pasajeros porque, en el recambio de unidades, algunos quedaron momentáneamente de a pie y debieron subirse a otro vehículo", explicó a Clarín el jefe de fiscalización de la CNRT, Alejandro Rusconi.
Ocurrió que, en reemplazo de las unidades secuestradas, las empresas Flecha Bus y Plaza pusieron otras con menos asientos. Pero la tardanza se debió en definitiva a una buena causa, porque los inspectores de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y del Ministerio de Trabajo secuestraron cinco ómnibus en infracción y obligaron al recambio de una decena de choferes que intentaban viajar, aún agotados por falta de descanso.
Primó la cordura y llegaron choferes de refresco, pero el trámite perjudicó el tiempo, más precioso que nunca, de quienes sueñan con el descanso en la costa y otros destinos turísticos.
Pese a que el clima fue benigno, con calor pero buen viento fresco, la terminal desnudó sus falencias.
Basura en todas partes, escaleras que no funcionan y desorden en los andenes que no tienen asientos suficientes, precios desorbitados en bares y kioscos, fueron algunos de los datos que hicieron más ardua la espera del viajero.
Clarín intentó hablar con Fabián Collado, directivo de TEBA, la empresa que tiene la concesión de la terminal desde hace 14 años, pero respondió —a través de su secretaria— que no tenía tiempo. Con un jugoso recorte en el canon mensual que pagaba, la empresa que controla el empresario Néstor Otero, obtuvo una nueva concesión por diez años, sin llamado a licitación.
"El promedio es de 1.800 servicios diarios de llegada y de partida", informó a Clarín el jefe de fiscalización de la CNRT, Alejandro Rusconi. Ayer partieron 1.338 frecuencias, incluidos 276 refuerzos, y arribaron otras 1.334, con 381 refuerzos para traer desde la Costa Atlántica a quienes finalizaron sus vacaciones.
En los operativos de control, los inspectores hallaron fallas en la documentación, tacógrafos de velocidad máxima desconectados y choferes sin libreta de trabajo. Otros 11 ómnibus fueron inhabilitados en las terminales de Mar del Plata y Córdoba.
Hasta ayer, Retiro venía rompiendo récords en las cantidades de frecuencias diarios: 2.081 el 28 de diciembre, 2412 para Año Nuevo, y 2.587 el 2 de enero, hasta llegar a la cifra máxima de ayer.
A media tarde, Alejandrino Medina (55), ataviado con botas y bombachas, esperaba en el suelo la partida de su ómnibus a Coronel Pringles. "Vengo por trabajo con mi señora Ramona Vallejo, desde La Cruz, Corrientes", contó, mientras invitaba un mate cebado en una calabaza adornada con pezuña de toro. "No queda otra", dijo, porque no encontró asiento y los precios del bar, donde un sandwich de milanesa sale 7 pesos y una cerveza 8, le parecieron "de otro mundo".
Cansados y transpirados, sobre el andén aguardaban cientos de turistas apoyados en sus bolsos o sentados en el suelo. "Aquí deberían construir un pre-embarque al que sólo entren los pasajeros", dijo el fiscalizador Rusconi. En la zona, señaló, proliferan los punguistas que se ensañan con los más desprevenidos.
| Con 7 meses de atraso, terminan los arreglos en la estación Once |
| (Diario Clarín - 12/02/2007) |
| Dicen que la primera etapa se demoró por el pésimo estado del edificio. Entre otras cosas, arreglaron paredes, pisos y baños del hall central. Y a fin de mes, estará lista la conexión del tren con el subte. |
Pablo Novillo
|
LA ESTACION DE OMNIBUS: FALTA DE PAGO E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Terminal Retiro: podrían rescindir la concesión
La empresa no pagó el canon durante los últimos doce meses
El Gobierno definirá en los próximos días si rescinde o no la concesión de la Terminal de Omnibus de Retiro, ante los incumplimientos de obras y la falta de pago del canon que arrastra el concesionario.La decisión sobre el futuro de la terminal porteña quedó en manos de la Secretaría de Transporte y podría conocerse antes del próximo fin de semana.La empresa TEBA -concesionaria de la terminal- tenía que haber cancelado el jueves una deuda de casi 4,4 millones de dólares por los cánones atrasados. Pero, sobre la hora del vencimiento de la intimación oficial, la concesionaria presentó un recurso de reconsideración sin concretar pago alguno.Ahora ese recurso debe ser contestado por el Gobierno en un plazo de 10 días para luego seguir adelante con las acciones que correspondan, de acuerdo con el pliego y el contrato de concesión.Tal como está planteado el panorama, a las autoridades económicas se les presentan dos opciones:Dar por caída la concesión por los incumplimientos de obras y las deudas acumuladas de la operadora.Mantener a la actual concesionaria y fijar nuevas reglas de juego.Según los datos obtenidos por Clarín, en cualquiera de esos casos, los funcionarios tienen decidido exigir el pago de lo adeudado y la cancelación de las multas por los atrasos registrados en las obras.Tanto la Auditoría General de la Nación (AGN) como la Comisión Bicameral de Reforma del Estado advirtieron que el Estado ya está en condiciones de rescindir la concesión ante los reiterados incumplimientos de la operadora.La empresa TEBA está bajo las riendas del grupo Trainmet, un consorcio de empresas del autotransporte de pasajeros, que también es concesionario de los trenes metropolitanos de las ex líneas Roca, San Martín y Belgrano Sur. En la sociedad que tomó posesión de la terminal, también estaban la constructora Balpalá, la firma italiana Fiorini y el Banco de Crédito Provincial, que actualmente está cerrado por orden del Banco Central.A mediados de 1993, TEBA había ganado la concesión de la terminal por 12 años de plazo, al ofrecer un canon mensual de 411.700 dólares.Por los indicios recogidos en Transporte, la intención de los funcionarios apunta a evitar una salida conflictiva de la actual firma concesionaria. En caso de tener que apelar a la anulación del contrato, el Estado debería hacerse cargo del manejo de la terminal, hasta que se llame a una nueva licitación. Y eso, precisamente, es lo que quieren evitar en la Secretaría de Transporte que comanda Armando Canosa.Si bien en privado admiten que legalmente no quedaría otro camino que la quita de la concesión, los funcionarios consideran que éste no es el mejor momento para agregarle un nuevo conflicto al Gobierno cuando faltan menos de dos meses de las cruciales elecciones de octubre. A eso se suma otro dato preocupante: por las privatizaciones y el desmantelamiento del ente regulador, hoy el Estado no cuenta con un grupo especializado de funcionarios que pueda asumir el desafío de operar y controlar el movimiento de la terminal de ómnibus.Por Retiro se movilizan diariamente 70.000 personas y cerca de 1.100 ómnibus de larga distancia. En los feriados y en los fines de semana largos, los servicios que llegan y parten de la terminal trepan a 1.800 y la cantidad de pasajeros y acompañantes supera las 120.000 personas.El abogado de TEBA, Daniel Calatrava, señaló a Clarín que la empresa no paga porque el Estado le debe 11,5 millones de dólares por una serie de reclamos planteados desde el comienzo de la concesión. Calatrava sostuvo que el Gobierno no reconoció las inversiones adicionales que hizo la empresa, ni los vicios ocultos que aparecieron en la concesión. También afirmó: TEBA no pudo tomar una posesión integral de todos los espacios de la terminal porque no fueron desalojados los vendedores ambulantes e intrusos que impiden el acceso al edificio y la explotación de los locales comerciales.Según el representante de TEBA, la concesionaria no paga el canon porque las empresas que operan en la terminal le adeudan más de 8 millones de pesos de peajes por el uso de las instalaciones. Lo curioso del caso es que la mayoría de las autotransportistas que no pagan el peaje son las mismas accionistas de TEBA.
ESTAN CONCESIONADAS A PRIVADOS
ESTACION CONSTITUCION. La remodelación debía terminarse en 2001." id="foto" border="0" height="159">Antonio Rossi
anrossi@clarin.com
El ONABE—el ente administrador de bienes estatales—salió a apretarle las clavijas a los concesionarios de las terminales ferroviarias de Retiro, Constitución y Once.
Cometrans —el operador de la terminal Retiro-Mitre— tiene el contrato vencido. Metropolitano Roca —a cargo de Constitución— debe tres meses de canon y está atrasado con las obras. Y la UTE que maneja la estación Once enfrenta un reclamo por el canon del año pasado.
La terminal Retiro-Mitre fue transferida en 1999 a Cometrans —del grupo colectivo Plaza, el principal controlante de TBA— por un plazo cinco años y una única prórroga de 13 meses. La extensión contractual venció el 26 de enero pasado y la empresa ya fue intimidada para que devuelva la estación. Cometrans respondió con un pedido de prórroga hasta el 2014 con el fin de compensar una serie de obras adicionales y el desequilibrio que sufrió la concesión por la crisis económica de fines de 2001.
Si bien las inversiones para recuperar el edificio superaron los US$ 10 millones, el concesionario terminó pagando un canon de $ 7.300 mensuales. Ahora, el titular del ONABE, Fernando Suárez deberá resolver si renegocia el contrato o avanza con el desalojo de la terminal.
Con la estación de Constitución, se presentan dos problemas: el atraso de las obras y la falta de pago del canon. Fue concesionada en 1999 a Metropolitano, concesionaria de la línea Roca que controla el grupo Taselli.
Inicialmente, la remodelación iba a estar lista en el año 2001. Pero a mediados de 2003, solo se había ejecutado el 12% de los trabajos. Después vino una reprogramación para finalizar las obras en el 2005 que tampoco se cumplió. Según los registros del ONABE, hasta ahora el avance del proyecto es del 76%. La empresa le echa la culpa de las demoras a las modificaciones adicionales que pidió la Comisión de Museos, Monumentos y Lugares Históricos del Gobierno porteño. Según Metropolitano, los trabajos quedarían concluidos a mediados de año.
Con respecto al canon, el ONABE salió a exigirle a la empresa los $ 225.000 que debe de los últimos tres meses. Si acumula dos meses más de incumplimiento, se disparará la cláusula de rescisión por falta de pago.
Por lado de la estación Once, la controversia es por el canon de lo últimos meses de 2005. El ONABE entiende que corre "el canon completo" de $ 104.000, mientras que la UTE que controla Néstor Otero —el operador de la terminal de ómnibus de Retiro— sostiene que debe pagar un "canon reducido" de $ 41.800. El problema se originó por la interpretación del pliego que autoriza a cobrar el canon más bajo a partir del inicio "oficial" de las obras, lo cual ocurrió recién el 28 de diciembre.
Hasta ahora, la primera etapa de la remodelación vendría sin demoras y para agosto se espera la inauguración del hall, los nuevos sanitarios y las escaleras mecánicas de acceso al subte.
ESTAN CONCESIONADAS A PRIVADOS
No hay comentarios:
Publicar un comentario